El software de entretenimiento ocupa ya el 40% del total de consumo de ocio audiovisual en España. Amnistía Internacional denuncia que el Gobierno no cumple con su responsabilidad en materia de protección de los derechos de los menores de edad y sigue apostando por la autorregulación voluntaria de las empresas de videojuegos.
Los dos primeros informes de Amnistía Internacional – previos a la entrada en vigor del código de autorregulación actualmente en vigor- daban la voz de alarma en torno a la comercialización de videojuegos y juguetes cuyos contenidos aplauden con impunidad la tortura, la discriminación sexual o racial, las matanzas o las ejecuciones.
Tras la entrada en vigor del código de autorregulación PEGI en 2003, Amnistía Internacional ha continuado documentando la existencia en el mercado de videojuegos, algunos de ellos dirigidos a menores de edad, en los que se fomentan estereotipos de género y actitudes discriminatorias hacia las mujeres o se ensalza la violencia y valores contrarios a las normas internacionales de derechos humanos.
En su último informe Acceder a violaciones de derechos humanos virtuales, un juego de niños, Amnistía Internacional ha podido comprobar que los niños, en algunos casos de sólo 9 años, y sin estar acompañados por una persona adulta, han podido acceder sin dificultad a la compra de videojuegos clasificados para adultos, tanto en grandes superficies como en establecimientos especializados.
Amnistía Internacional quiere recordar la responsabilidad del Gobierno español en el cumplimiento de los derechos reconocidos por la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 1989 que no debe ser delegada en la voluntariedad de las empresas.
Fuente: Amnistía Internacional
Adicción a los videojuegos y juegos online 